Pullaro exige endurecer régimen penal juvenil: el grito de «mano dura» tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón
En medio de la profunda indignación generada por el salvaje homicidio del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro ha elevado su voz para demandar una reforma radical del régimen penal juvenil. Respaldando la iniciativa del Gobierno nacional de incluir este tema en las sesiones extraordinarias del Congreso, Pullaro insiste en que los delitos graves cometidos por menores deben juzgarse con penas proporcionales a su gravedad, dejando atrás el enfoque garantista que, según él, ha debilitado la seguridad en Argentina.
El crimen que sacudió Santa Fe: la trágica historia de Jeremías Monzón
El caso de Jeremías Monzón, un joven de 15 años oriundo de Santo Tomé, ha conmocionado a toda la provincia de Santa Fe y trascendido fronteras. El 18 de diciembre de 2025, Jeremías viajó unos 300 kilómetros hasta la capital provincial, atraído por una cita acordada a través de Instagram con una adolescente de 16 años identificada como Milagros A. Lo que parecía un encuentro romántico derivó en una emboscada mortal: el chico fue torturado y asesinado de 23 puñaladas con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador, en un galpón abandonado frente al estadio de Colón, en el barrio Chalet.
La autopsia reveló la extrema crueldad del ataque, con lesiones cortopunzantes que evidencian ensañamiento y alevosía. Los implicados principales son tres menores: la chica de 16 años, imputada por homicidio triplemente agravado por concurso premeditado, alevosía y ensañamiento, y dos cómplices de 14 y 15 años. Mientras Milagros permanece detenida en un instituto de menores en Rosario, los varones fueron restituidos a sus familias por ser considerados inimputables bajo la ley actual.
El horror se amplificó con la filtración de un video que, presuntamente grabado por los asesinos, muestra las torturas infligidas a la víctima. Además, la madre de la adolescente fue arrestada por posible rol como autora intelectual o colaboradora necesaria, y el medio hermano de uno de los menores se entregó tras amenazas en redes sociales contra un amigo de Jeremías que pedía justicia. Este caso no solo expone la violencia juvenil descontrolada, sino también cómo las redes sociales facilitan trampas letales, convirtiendo plataformas como Instagram en herramientas de depredación.
Pullaro rompe el silencio: «El que las hace, las paga»
Ante esta tragedia, Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad y actual gobernador de Santa Fe, no dudó en posicionarse con firmeza. «Estoy completamente de acuerdo con la reforma. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar«, declaró el mandatario, alineándose explícitamente con el anuncio del Gobierno de Javier Milei de incorporar la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias mediante el Decreto 53/2026.
Pullaro no se limita a un apoyo genérico: propone un cambio de paradigma centrado en la naturaleza del delito, no solo en la edad del autor. «Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor«, sentenció, cuestionando la idea de que un menor de 14 años ignore la irreversibilidad de un homicidio. Esta postura no es improvisada; remite a su gestión anterior, tras el caso de Juan Cruz Ibáñez, donde ya abogaba por endurecer las respuestas penales.
El gobernador santafesino aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica frontal al garantismo, doctrina que califica como «ideología que entiende que por una supuesta injusticia social, el delincuente no debe ir a la cárcel o debe permanecer el menor tiempo posible». Vinculándola directamente al kirchnerismo, Pullaro argumenta que este enfoque ha causado un «profundo deterioro en el tejido social argentino», priorizando al delincuente como víctima del sistema en detrimento de la sociedad.
El rol de las organizaciones criminales: menores como «escudos» impunes
Uno de los puntos más alarmantes en el análisis de Pullaro es la explotación de menores por bandas delictivas. «Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor», advirtió, describiendo cómo las organizaciones complejas utilizan a adolescentes como mano de obra fungible, amparados en la inimputabilidad para evadir penas adultas. En el caso Monzón, aunque no se ha probado vinculación con mafias mayores, el patrón de violencia extrema –filmada y planificada– ilustra esta problemática creciente en Santa Fe, epicentro de conflictos narco.
Esta dinámica operativa hace que la normativa actual sea «obsoleta frente a la realidad criminal contemporánea». Pullaro urge adaptar la legislación a «los tiempos que corren», exigiendo que actos de extrema violencia –como homicidios con torturas– tengan respuestas punitivas acordes, sin atenuantes basados exclusivamente en la edad. «Los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad», enfatizó.
Contexto nacional: la reforma penal juvenil en el Congreso
El respaldo de Pullaro llega en un momento clave. El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, oficializó la inclusión de la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, abriendo un debate estructural sobre la edad de imputabilidad –actualmente fijada en 16 años para responsabilidad penal plena–. Esta iniciativa busca conquistar voluntades opositoras para bajar ese umbral en casos graves, alineándose con demandas provinciales como la de Santa Fe.
El debate trasciende lo etario: se trata de equilibrar protección infantil con justicia restaurativa. Críticos del garantismo argumentan que la impunidad fomenta la reincidencia; defensores advierten riesgos de judicialización prematura de menores vulnerables. Pullaro, con su experiencia en seguridad, inclina la balanza hacia la primera opción, insistiendo en que «es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan».
Implicancias sociales: ¿hacia una «mano dura» sostenible?
El pronunciamiento de Pullaro genera un dilema ético y político profundo. Por un lado, casos como el de Jeremías –con torturas filmadas y amenazas posteriores– alimentan la bronca social y claman por justicia inmediata. La restituciones de los menores a sus hogares, pese a la gravedad, ejemplifica las grietas del sistema actual, donde la no punibilidad choca con la percepción ciudadana de impunidad.
Por otro, endurecer el régimen plantea desafíos: ¿cómo garantizar rehabilitación sin estigmatizar? Pullaro responde enfocándose en la gravedad del acto, no en la edad, promoviendo penas diferenciadas que preserven el principio de progresividad. Su visión resuena en provincias con alta conflictividad delictiva, donde la delincuencia juvenil ha escalado, vinculada a narco, redes sociales y deserción educativa.
En Santa Fe, esta postura se enmarca en una estrategia de seguridad integral impulsada por Pullaro desde su asunción: mayor presencia policial, inteligencia contra bandas y ahora, presión legislativa. El asesinato de Monzón actúa como catalizador, pero el gobernador advierte que el problema es sistémico, requiriendo consenso nacional.
Voces del entorno y avances judiciales
La familia de Jeremías, representada por el abogado Bruno Rugna, denuncia no solo el crimen sino la viralización del video y amenazas recibidas. El fiscal Francisco Cecchini avanza en la pesquisa, peritando celulares secuestrados para esclarecer roles, especialmente el de la madre detenida. Mientras, el medio hermano de un implicado enfrenta cargos por intimidaciones en redes, sumando capas a esta trama de violencia interconectada.
Estos elementos refuerzan el llamado de Pullaro: la sociedad argentina enfrenta una crisis de violencia juvenil que demanda respuestas audaces. Ignorarla perpetúa ciclos de impunidad; reformarla, exige coraje político.
En resumen, el gobernador no solo exige mano dura, sino un replanteo profundo. Tras Monzón, el Congreso tiene la pelota: ¿avanzar hacia penas proporcionales o mantener un status quo que, para muchos, protege a victimarios en lugar de víctimas?
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