Argentina Aprueba Nuevo Régimen Penal Juvenil: La Baja de Edad de Imputabilidad a los 14 Años
El Senado de Argentina sancionó este viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, marcando un cambio legislativo significativo tras cuatro décadas sin reformas en esta materia. La votación resultó en 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, consolidando una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
¿Qué es la edad de imputabilidad y por qué cambió?
La edad de imputabilidad es la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser responsabilizada penalmente por sus acciones. Anteriormente, en Argentina, los menores de 16 años no podían ser juzgados en la mayoría de los casos. Con esta reforma, adolescentes de 14 y 15 años pueden ahora ser procesados penalmente por delitos graves que impliquen violencia, homicidio, secuestro, robo violento y abuso sexual.
El Gobierno argumentó que este cambio responde a la realidad criminal contemporánea y constituye un «acto de justicia hacia la sociedad», enfatizando que quienes tengan capacidad de comprender la gravedad de sus actos deben asumir responsabilidad legal.
Características principales del nuevo régimen
El nuevo régimen establece un sistema penal juvenil especializado para adolescentes entre 14 y 18 años, que incluye garantías procesales adaptadas a su edad:
- Pena máxima limitada: Los adolescentes condenados recibirán un máximo de 15 años de privación de libertad, prohibiéndose las sentencias perpetuas
- Separación de espacios: Los menores no compartirán ámbitos judicales ni penitenciarios con adultos
- Privación de libertad como último recurso: Se prioriza la resocialización y se aplica el encarcelamiento solo en delitos graves
- Participación familiar: Las familias tienen rol activo durante todo el proceso judicial
- Garantías judicales: Presunción favorable a la minoría de edad y tramitación en órganos especializados
Protección de víctimas y derechos procesales
Una característica distintiva de esta reforma es el fortalecimiento de derechos de las víctimas. A diferencia del régimen anterior, las víctimas ahora cuentan con:
- Asistencia jurídica y psicológica inmediata
- Derecho a intervenir en audiencias
- Posibilidad de oponerse a decisiones del Ministerio Público
Contexto histórico y debate legislativo
Argentina no modificaba su Régimen Penal Juvenil desde 1980, durante la época de gobierno militar. El proyecto original del Ejecutivo proponía bajar la imputabilidad a los 13 años, pero fue negociado con aliados políticos como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), llegando finalmente a los 14 años.
El presidente Milei había manifestado públicamente su intención de llevar la edad aún más allá, mencionando en una entrevista de marzo pasado que «podríamos llevarla a 10 años», particularmente tras casos de menores involucrados en delitos violentos que conmovieron a la sociedad argentina.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué sucede con adolescentes de 14 años acusados de delitos leves?
Según el nuevo régimen, la privación de libertad se aplica solo en delitos graves. Los delitos culposos, es decir, aquellos sin intención de dañar, requieren evaluación especializada antes de aplicar medidas restrictivas.
¿Pueden adolescentes condenados cumplir pena en cárceles comunes?
No. El régimen prohíbe explícitamente que menores compartan espacios con adultos. Deben cumplir sus penas en institutos especializados para menores.
¿Cuál fue la votación en la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 149 votos positivos contra 100 negativos, sin abstenciones, antes de su envío al Senado.
¿Cómo afecta esto a las provincias?
Las provincias requieren recursos para implementar la ley, lo que incluye infraestructura, personal especializado y programas de resocialización adaptados al nuevo régimen.
Puntos destacados y conclusiones clave
El nuevo Régimen Penal Juvenil argentino representa una transformación estructural del sistema de justicia para menores. Esta reforma equilibra dos aspectos críticos: la responsabilidad penal temprana para quienes comenten delitos graves y el mantenimiento de garantías procesales especializadas reconociendo que los adolescentes requieren un trato diferenciado al de los adultos.
La sanción de esta ley cierra un período de cuatro décadas sin reforma legislativa en materia de imputabilidad juvenil, actualizando el marco normativo a contextos criminales contemporáneos mientras preserva principios de resocialización, protección familiar y derechos de las víctimas. Su implementación efectiva dependerá del financiamiento y la capacidad institucional de las provincias para desarrollar infraestructuras especializadas.
