Policía levanta medidas tras decreto del gobernador: qué implica
El suicidio de un agente en la Jefatura Regional II de Rosario y el anuncio de mejoras laborales dirigidas solo a un sector específico de la fuerza desencadenaron la peor crisis policial de los últimos tiempos en Santa Fe. Después de más de 36 horas de tensión, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto con aumentos para todo el personal de seguridad provincial, lo que permitió que los policías levantaran su protesta.
«Para nosotros siempre la prioridad fue garantizar la seguridad pública», expresó Pullaro al anunciar el aumento en conferencia de prensa. El mandatario provincial enfatizó: «Ningún policía de la provincia de Santa Fe, ningún hombre o mujer del Servicio Penitenciario va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal del 911».
La estructura salarial del nuevo decreto
Con la incorporación del plus por tarjeta alimenticia, el salario mínimo para los agentes quedará en $1.438.835. Sin embargo, el gobernador destacó que habría mayores incrementos para ciudades con mayor índice de delitos, reconociendo las diferentes realidades geográficas de la provincia.
Para los policías que cumplan tareas operativas en Rosario, Santa Fe, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé, se estableció un plus adicional de $500.000, llegando a $1.935.500 pesos en total. Aquellos que manejen vehículos policiales percibirán $2.188.835 mensuales. Los agentes del GOE, Comando Radioeléctrico o Infantería, con pluses adicionales, alcanzarán los 2.334.535 pesos.
El esquema salarial quedó estructurado en tres niveles estratificados según la peligrosidad y dedicación que requiera la tarea. En localidades de menor escala, el plus será de $250.000, mientras que en las denominadas «zona verde» de $150.000. Esta estructura escalonada aplica para todo el personal que preste servicio operativo.
El camino hacia la solución
Durante una larga reunión que terminó en la madrugada del miércoles, el gobierno radical de Santa Fe reconoció como «legítimo» el reclamo de los efectivos. El gobernador consideró que el reclamo policial fue «justo y genuino». Algunos policías percibían algo más de $800.000 mensuales antes del decreto, lo que evidenciaba el desajuste salarial que motivó la movilización.
Pasadas las 9 de la mañana del miércoles, el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, acompañado por su par de Economía, Pablo Olivares, brindaron una conferencia de prensa con los primeros anuncios. Ambos funcionarios elogiaron la labor policial y reconocieron el reclamo como «legítimo», haciendo referencia al «estrés» en una fuerza a la que le pidieron «mucho». Entre los logros mencionados, destacaron la baja en la tasa de homicidios producto del combate al narcotráfico.
Sin embargo, Cococcioni instó a todos los policías a retomar sus tareas de forma inmediata en esa conferencia, quedando desautorizado poco después. Los policías continuaron en protesta y exigieron que las promesas estuvieran plasmadas en un decreto formal para levantar la medida de fuerza.
Los momentos críticos de la manifestación
A media mañana del miércoles, cuando parecía encaminarse a una solución, el Jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, salió para anunciar la reincorporación de 20 agentes pasados a disponibilidad. En un clima hostil, familiares de agentes y policías lo insultaron. También fue escupido, debiendo retirarse al edificio de Policía. Más tarde reaparició junto a Pullaro, quien lo reivindicó públicamente.
La protesta se intensificó el miércoles y sumó agentes motorizados y de otros comandos. El decreto finalmente llegó pasadas las 17 horas. El documento reincorporaba a los 25 policías que habían sido pasados a disponibilidad y equiparaba el sueldo mínimo del personal de las fuerzas de seguridad a la canasta básica en $1.350.000, más los adicionales correspondientes. Recién en ese momento los policías levantaron la manifestación.
El contexto de la crisis policial
El conflicto en la Policía de Santa Fe se profundizó con el suicidio de al menos tres agentes en el último mes y medio. El disparador principal fue el caso del suboficial Oscar «Chimi» Valdez, de 32 años. El miércoles de la semana anterior, cuando estaba con licencia por «carpeta médica», le sacó el arma a una compañera y se disparó dentro de la Jefatura Regional II.
Esa muerte provocó el primer piquete frente a la sede de la regional, que se repitió en los días siguientes. Aunque hubo un anuncio de aumentos, no fue de carácter masivo ni incluyente para toda la fuerza.
El lunes a la noche, personal de alta jerarquía desalojó a oficiales y familiares de la puerta de la Regional II, sobre la avenida Ovidio Lagos. Los uniformados argumentaron que impedían la salida de móviles en el portón principal. Los familiares de los agentes indicaron que hasta el propio Jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, utilizó gas pimienta.
Tras una madrugada del martes con pura tensión, el Gobierno de Santa Fe anunció el pase a disponibilidad de veinte policías. Sin embargo, en lugar de disuadir la protesta, durante todo el martes llegaron más y más agentes a participar de la manifestación en Rosario.
Medidas de seguridad durante la crisis
A diferencia del acuartelamiento de la policía cordobesa en 2013, en esta ocasión la Nación brindó apoyo a través de las fuerzas federales. El Gobierno de Santa Fe aseguró que el patrullaje se mantuvo en un 90% en las calles de Rosario durante los días más críticos de la protesta.
Aun sin el decreto firmado y con la protesta fuerte en Rosario, se vivió una situación particular en la capital provincial. Antes de las 19 horas del miércoles, había agentes de la policía garantizando la seguridad para el partido de Rosario Central contra Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba.
Implicancias políticas más amplias
La extensión de la protesta policial enrareció el clima en Rosario. A las críticas de la oposición política de Pullaro, en la tarde del miércoles circuló un decreto falso por WhatsApp. Además, identificaron en la protesta a ex colaboradores de Daniel Acosta, el jefe de la Regional II de Rosario, detenido en noviembre por corrupción en cargas «fantasma» de combustible.
Este mismo miércoles arrancaron las paritarias de los estatales provinciales. La extensión del conflicto policial alimentó los reclamos de Salud, Educación y hasta de los Bomberos. Aunque fueron solitarios, en medio de la protesta policial aparecieron enfermeras con carteles y docentes. Ahora quedará por verse hasta qué punto el reclamo policial condiciona las negociaciones del resto de los estatales con el Gobierno provincial.
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