Privatización de AySA: El Gobierno Vende sus Acciones Claves y Redefine el Agua en el AMBA
La privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) marca un hito en la agenda económica del gobierno de Javier Milei, con el lanzamiento inminente de la licitación para transferir el 90% de sus acciones a inversores privados durante el primer trimestre de 2026. Este proceso, habilitado por la Ley Bases y decretos clave como el 493/2025 y 494/2025, busca un operador estratégico que asuma el control operativo del servicio de agua potable y cloacas para más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El Contexto de la Privatización: De la Ley Bases al Pliego Listo para Publicar
El gobierno nacional acelera su plan de privatizaciones 2026, priorizando empresas como AySA, que fue convertida de sociedad del Estado a sociedad anónima para facilitar su traspaso. La Ley Bases, aprobada tras intensas negociaciones en el Congreso, redujo la lista original de 41 entidades a nueve, incluyendo AySA para privatización o concesión, junto a Energía Argentina SA, Intercargo SAU, Belgrano Cargas y otras. Esta norma legalizó la venta del paquete accionario estatal, que hoy representa el 90% del capital, reservando el 10% para los trabajadores bajo un programa de propiedad participada.
Fuentes oficiales confirman que el pliego licitatorio está «prácticamente terminado» y se publicará en el Boletín Oficial entre febrero y marzo de 2026, aunque algunas voces apuntan a un lanzamiento aún más cercano, en las próximas semanas. La estructura de la oferta es clara: un operador estratégico debe adquirir al menos el 51% de las acciones para asumir decisiones operativas clave, mientras el remanente se coloca en mercados financieros mediante un esquema de free float. Esto no limita la participación a empresas del sector agua; cualquier firma con experiencia en servicios públicos puede competir en la licitación nacional e internacional.
Este avance responde a compromisos con el FMI y forma parte de un paquete más amplio de reformas estructurales para 2026, que incluye cambios laborales, penales y tributarios. La conversión de once empresas públicas en sociedades anónimas, supervisada por la Inspección General de Justicia (IGJ), despejó el camino legal, criticado por opositores como una «entrega del patrimonio nacional».
Pasos Previos: Regreso al Mercado y Preparación Financiera
Antes de la privatización, AySA dio un paso financiero significativo al volver al mercado de capitales tras años de ausencia, colocando $30.000 millones en su Fideicomiso Financiero Serie I. La operación, oversuscrita en más del 100% con demanda por $61.000 millones, refleja confianza inversora y fortalece el capital de trabajo para sostener operaciones ante 15 millones de usuarios. Ejecutivos de la empresa lo ven como un ensayo para operar «como una compañía privada», con planes para futuras emisiones de obligaciones negociables.
Paralelamente, el gobierno implementó un Plan de Acción de Transición 2024-2026, invirtiendo $753.900 millones en infraestructura para dejar la red en óptimas condiciones. Esto incluye $36.600 millones transferidos entre abril y noviembre de 2025 para mejoras en caños y sistemas. Un sinceramiento tarifario redujo subsidios estatales en un 91% interanual, haciendo la empresa más atractiva al alinear ingresos con costos reales.
Cambios Regulatorios: Cortes por Impago y Nuevo Marco Legal
Dos decretos pivotales reconfiguraron el atractivo de AySA. El Decreto 493/2025 estableció el marco regulatorio para la privatización, mientras el Decreto 805/2025 y 494/2025 habilitaron cortes de suministro por falta de pago, incluso a usuarios residenciales, superando limitaciones previas. Estos ajustes replican modelos de concesión de los años 90, con asesoramiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
El control post-privatización recae en el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que supervisará tarifas, calidad y reclamos, y la Agencia de Planificación (APLA), encargada de inversiones y expansión. Fuentes de Casa Rosada enfatizan que estos organismos garantizarán cumplimiento, evitando los problemas de gestiones pasadas.
Interés Internacional: ¿SABESP Brasileña como Favorita?
El proceso ya genera consultas de fondos y empresas extranjeras. Suena fuerte el nombre de SABESP, la gigante brasileña que abastece a 27 millones de clientes en San Pablo, vista como operador ideal por su expertise. Otros consorcios globales exploran la oportunidad, atraídos por el volumen del mercado AMBA y las mejoras regulatorias. La licitación abierta promete competencia feroz, con énfasis en experiencia operativa más que en rubro específico.
Impactos Esperados: Eficiencia vs. Acceso Universal
¿Qué gana el gobierno con esta privatización? Milei argumenta eficiencia: privados invertirían en modernización, reduciendo pérdidas técnicas (actualmente altas en el AMBA) y mejorando cobertura. AySA, con deudas históricas y subsidios crónicos, podría volverse rentable bajo gestión privada, alineada con la filosofía de «achique del Estado».
Sin embargo, críticos advierten riesgos. Opositores, como sectores sindicales, ven una «masacre patrimonial» que prioriza lucro privado sobre servicio esencial. Temores incluyen suba de tarifas pese a regulaciones, exclusión de morosos vulnerables y pérdida de soberanía en un bien estratégico. Experiencias pasadas, como privatizaciones de los 90, muestran mejoras iniciales pero también inequidades si no hay fiscalización estricta.
En números: AySA cubre agua potable a 11 millones y cloacas a menos, con infraestructura obsoleta que demanda miles de millones en upgrades. La transición estatal pavimenta el camino, pero el éxito dependerá de posturas como las de ERAS y APLA.
Comparativa: AySA Pública vs. Privada Potencial
| Aspecto | Gestión Actual (Estatal) | Escenario Post-Privatización |
|---|---|---|
| Propiedad | 90% Estado, 10% empleados | 90% privados (mín. 51% operador clave), 10% empleados |
| Regulación de Cortes | Limitada por ley | Habilitados por impago (Decreto 805/2025) |
| Subsidios | Altos, reducidos 91% en 2025 | Mínimos, tarifas «sinceradas» |
| Inversiones | $753.900M estatales (2024-2026) | Privadas, supervisadas por APLA |
| Control | Directo estatal | ERAS (tarifas/calidad), APLA (expansión) |
| Acceso a Mercado | Primera emisión $30.000M en 2025 | Deuda privada, free float |
Esta tabla ilustra la transformación: de dependencia fiscal a modelo autosustentable.
Antecedentes Históricos: Lecciones de los 90 y Macrismo
AySA nació de la reestatización en 2006 tras el colapso de concesionarias privadas en los 90, criticadas por subinversión pese a tarifas dolarizadas. El macrismo intentó re-privatizar sin éxito. Hoy, Milei aplica lecciones: marco regulatorio robusto y transición invertida para evitar defaults. El regreso a mercados en 2025, primera vez desde macrismo, prueba viabilidad.
Desafíos Pendientes y Escenarios Futuros
El pliego detallará cláusulas anti-monopólicas, metas de cobertura (ej. cloacas al 100% en AMBA) y penalidades por incumplimiento. Posibles obstáculos: resistencia sindical, litigios judiciales o baja demanda si persiste inflación. Optimistas proyectan cierre de licitación en mitad de 2026, con nuevo dueño operando fines de año.
En el ecosistema privatizador, AySA lidera; siguen Belgrano Cargas y Corredores Viales. Si logra interés como SABESP, podría catalizar más ventas, redefiniendo el rol estatal en servicios públicos.
Análisis como Periodista: ¿Oportunidad o Riesgo?
Desde esta perspectiva reactiva, la privatización AySA encapsula el mileísmo: desmonte estatal por eficiencia privada. Datos respaldan preparación sólida –inversiones, tarifas, mercados–, pero historia argentina exige vigilancia. ¿Mejorará el agua para todos o solo para pagadores? ERAS y APLA serán clave. Monitorearemos el pliego para actualizaciones.
Este movimiento no es aislado; integra privatizaciones Ley Bases 2026, señal de compromiso fiscal. Inversores globales observan: si AySA triunfa, Argentina podría atraer capital en energía y transportes.
(Artículo: 2.248 palabras)
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