Gobierno Inicia Privatizaciones: Venta de Acciones de AySA en Marcha
El gobierno de Javier Milei acelera el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la publicación del pliego de licitación prevista para febrero o marzo de 2026, marcando el inicio formal de la venta del 90% de las acciones estatales en esta clave empresa de servicios públicos. Esta movida forma parte de un ambicioso plan para transferir al sector privado el control de más de una decena de compañías estatales, reduciendo el peso del Estado en la economía y atrayendo inversiones frescas.
El Contexto de las Privatizaciones en la Agenda Mileísta
Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei ha hecho de las privatizaciones un pilar de su estrategia económica. La Ley Bases, aprobada en 2024, incluyó a AySA entre las empresas sujetas a desestatización, abriendo la puerta a un proceso que ahora entra en su fase decisiva. Un decreto publicado en julio de 2025 habilitó explícitamente la venta del 90% del capital accionario en manos del Estado nacional, dejando el 10% restante en poder de los empleados de la compañía. Este paso previo fue fundamental para preparar el terreno, transformando a las empresas públicas en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades N° 19.550, equiparándolas a entidades privadas sin privilegios estatales.
El oficialismo no solo busca desprenderse de activos improductivos, sino también generar ingresos para fortalecer las reservas internacionales del país, un objetivo clave en medio de la compleja situación fiscal argentina. Fuentes del Ejecutivo indican que el pliego de bases y condiciones para la licitación se publicará en el Boletín Oficial antes de abril de 2026, posiblemente en las próximas semanas desde finales de enero. Este documento formalizará la competencia entre inversores privados, permitiendo pujar por al menos el 51% de las acciones para convertirse en el operador mayoritario, con el remanente destinado al mercado bursátil.
AySA, responsable del abastecimiento de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), atiende a más de 15 millones de personas diariamente. Su privatización representa un hito simbólico, ya que evoca debates históricos sobre la gestión estatal versus privada de servicios esenciales. El gobierno argumenta que la intervención del sector privado mejorará la eficiencia operativa, reducirá pérdidas y atraerá tecnología avanzada para expandir la cobertura, que actualmente cubre solo el 70% en agua potable y menos en saneamiento en algunas zonas.
Detalles del Proceso de Privatización de AySA
El camino hacia la venta no ha sido improvisado. En paralelo al decreto habilitante, se aprobó un Plan de Acción de Transición 2024-2026, diseñado para «normalizar» la empresa y dejarla en óptimas condiciones para los futuros dueños. Este plan incluye auditorías exhaustivas, reestructuraciones internas y mejoras en indicadores clave como la reducción de pérdidas no técnicas (robos y fraudes) y la optimización de la red de infraestructura. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada específicamente para estos fines, coordina el esfuerzo junto al Ministerio de Economía.
La estructura de la venta se divide en etapas claras: primero, la licitación pública nacional e internacional para transferir el control mayoritario (51% o más) a un operador estratégico con experiencia en el sector. Posteriormente, las acciones restantes se ofrecerán en la bolsa sin preferencias locales ni programas de propiedad participada, fomentando una dispersión amplia de la titularidad. Empresas interesadas ya circulan en los rumores: el grupo Roggio, con trayectoria en transporte y servicios públicos en Argentina; y dos gigantes brasileños, Sabesp (Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo) y Río+Saneamento, ambas expertas en gestión de agua a gran escala.
Estos potenciales compradores traen consigo modelos probados en mercados emergentes. Sabesp, por ejemplo, ha modernizado su red en Brasil mediante inversiones privadas, logrando tasas de cobertura superiores al 90% en muchas regiones. El grupo Roggio, por su parte, opera Metrovías y ha mostrado interés en infraestructura crítica. La competencia entre actores locales e internacionales podría elevar el precio de venta, beneficiando las arcas públicas.
El Marco Más Amplio: Más de 10 Empresas en la Mira para 2026
La privatización de AySA no es un caso aislado. El gobierno planea concretar en 2026 la desestatización de más de una decena de empresas, enfocándose en sectores como energía, transporte y servicios. El Presupuesto 2026, ya aprobado, reserva recursos para estas operaciones, priorizando activos con alto potencial de valorización privada.
En energía, destaca la venta de la participación estatal en Transener a través de Enarsa y Citelec, la principal transportadora eléctrica del país. La Secretaría de Energía ya lanzó la licitación para estas acciones, enfatizando el retorno del sector privado como protagonista. También se menciona Enarsa directamente y avances en centrales nucleares como Atucha I y II, con una privatización parcial del 44% manteniendo control estatal mayoritario.
El transporte es otro foco: Corredores Viales, que gestiona 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Intercargo, con interés de grupos franceses; y la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), vital para el comercio exterior. Otras en lista incluyen Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y la agencia Télam. El DNU 70/2023 facilitó todo al convertir estas entidades en sociedades anónimas, eliminando barreras legales.
| Sector | Empresas Clave | Estado del Proceso |
|---|---|---|
| Agua y Saneamiento | AySA | Pliego inminente (feb-mar 2026) |
| Energía | Transener (vía Enarsa/Citelec), Enarsa | Licitación en marcha |
| Transporte | Corredores Viales, Intercargo, Hidrovía | En revisión para licitación |
| Otros | Fabricaciones Militares, Télam, Casa de Moneda | Preparación legal avanzada |
Esta tabla resume el panorama, mostrando cómo AySA lidera la primera ola de concretas.
Beneficios Esperados: Eficiencia y Atracción de Capital
Los defensores del plan, alineados con la visión libertaria de Milei, destacan múltiples ventajas. Primero, reducción del gasto público: las empresas estatales generan déficits crónicos por ineficiencias, subsidios implícitos y corrupción. AySA, por instancia, arrastra deudas históricas y opera con pérdidas operativas en algunos distritos.
Segundo, mejora en la calidad del servicio. Modelos privados en Chile (Agua y Saneamiento) o Brasil han incrementado inversiones en un 300% post-privatización, expandiendo redes y reduciendo interrupciones. En Argentina, la experiencia de concesiones previas en agua (como en Córdoba) mostró caídas en reclamos por cortes.
Tercero, ingresos frescos para el Tesoro. Aunque no se divulgan cifras oficiales, analistas estiman que la venta de AySA podría superar los 1.000 millones de dólares, sumados a otros activos para apuntalar reservas del BCRA, clave para estabilizar el peso.
Cuarto, incentivos al sector privado. El plan elimina prerrogativas estatales, nivelando el campo de juego y atrayendo know-how extranjero. Javier Milei lo enmarca en su defensa del capitalismo, como resonó en Davos, donde posicionó a Argentina como faro de reformas pro-mercado.
Desafíos y Críticas: ¿Riesgos para el Servicio Público?
No todo es un camino de rosas. Opositores alertan sobre posibles aumentos tarifarios post-privatización, recordando la crisis de 2001 con Aguas Argentinas, cuando la francesa Suez abandonó tras devaluación. Sindicatos de AySA temen despidos masivos, aunque el plan de transición incluye cláusulas protectoras para empleados.
Ambientalistas cuestionan si privados priorizarán ganancias sobre sostenibilidad, especialmente en un contexto de cambio climático que exige más inversión en resiliencia hidráulica. Políticamente, la Ley Bases enfrentó cuestionamientos judiciales, aunque el oficialismo las resolvió mayoritariamente.
Además, el ritmo ha sido más lento de lo prometido en campaña, como señalan analistas en podcasts recientes. Factores como inflación persistente y volatilidad cambiaria disuaden inversores, pero 2026 se perfila como el año de aceleración, con concesiones en Hidrovía como posible cierre estelar.
Impacto Económico y Social a Largo Plazo
La ola privatizadora podría transformar la matriz productiva argentina. Al ceder control de monopolios naturales, el Estado se enfoca en regulación y políticas macro, dejando operaciones a expertos. Históricamente, países como el Reino Unido en los 80 o Nueva Zelanda en los 90 vieron saltos en productividad post-reformas similares.
En Argentina, el éxito dependerá de marcos regulatorios sólidos: tarifas indexadas, auditorías independientes y cláusulas de reversibilidad. Si AySA logra emular casos exitosos, podría servir de modelo para el resto del paquete 2026.
El mercado ya reacciona: acciones relacionadas con servicios públicos suben en expectativa de oportunidades. Inversores institucionales, tanto locales como brasileños y europeos, posicionan carteras para licitaciones.
Posibles Escenarios Post-Privatización
Imaginemos tres trayectorias:
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Escenario Optimista: Un consorcio liderado por Sabesp gana, invierte 500 millones en expansión, cubre 90% del AMBA en dos años y reduce pérdidas al 5%. Tarifas suben moderadamente, pero servicio mejora drásticamente.
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Escenario Intermedio: Grupo Roggio adquiere control, integra sinergias con su portafolio y estabiliza operaciones, con crecimiento gradual.
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Escenario Pesimista: Baja participación por incertidumbre macro, obligando concesión temporal y retrasos.
La evidencia de transiciones previas inclina la balanza hacia lo positivo, si se gestiona con transparencia.
Conclusión: Un Paso Hacia la Modernización
La inminente privatización de AySA marca el despegue concreto del plan Milei para 2026, equilibrando urgencia fiscal con promesas de eficiencia. Mientras el pliego se afina, Argentina observa si este modelo capitalista cumple su promesa de reactivar la economía.
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